El bullying es una forma de violencia inicialmente
estudiada por autores como Peter-Paul-Heinemann u Olweus, en torno a 1972 y
1973. En este marco, los países escandinavos dominaron los estudios sobre el
bullying a partir de aquellos primeros acercamientos (Espelage, 2003). En los
noventa se delimitó una de las primeras definiciones realmente acotadas del acoso escolar,
entendido como aquel comportamiento violento, repetitivo y prologando en el
tiempo, que parte del acosador hacia el acosado, existiendo siempre una
situación de desigualdad (Olweus, 1993). Antes, el propio Consejo de Europa
había organizado ya un congreso internacional sobre este fenómeno, que se
sirvió del saber de diversos expertos en conductas antisociales ante la falta
de experiencia sobre el aún poco conocido bullying (Roland y Munthe, 1989).
La implicación de un amplio número de autores,
investigadores y expertos ha contribuido a que podamos afirmar que el acoso
escolar es uno de los problemas más y mejor estudiados en el ámbito de la
psicología educativa (Roland, 2010). Sin embargo, y pese a que contamos ya con
una participación activa de los agentes educativos (incluidos profesores y
administraciones), los datos de incidencia indican que aún queda mucho trabajo
por hacer (Ruiz, 2010).
Más allá de los datos brutos, algunos autores afirman
que los medios informativos han cumplido una función social al crear una conciencia
(Navarrete-Galiano, 2009), pero, ¿qué papel han cumplido en este asunto las
instituciones públicas? ZERO y KiVA, son buenos ejemplos de respuestas exitosas
desde la administración pública, en este caso de Noruega (Roland, 2007) y
Finlandia (Salmivalli y Peets, 2010), respectivamente. Ambos planes destacan
por su importante base teórica e investigativa, por la implicación de
profesores, alumnos y padres y, ante todo, por su constante actualización y
adaptación a los nuevos fenómenos sociales, culturales, educativos y
comunicacionales (Williford, 2012). Tanto ZERO como KiVA ofrecen un amplio
número de materiales que buscan la prevención del bullying y la reducción de
algunos de los factores que facilitan el mantenimiento del mismo (Roland,
2010), como pueden ser la recompensa social grupal (Salmivalli y otros, 1996).
A diferencia de estos dos ejemplos, cuyos modelos han sido exportados a países
de América Latina o adaptados a diferentes entornos, España no posee un plan
suficientemente estructurado, si bien la actuación pública contra el bullying
parece mostrar visos de coordinación e interés real.
